La corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho y el desarrollo sostenible en todo el mundo. Tiene un efecto desproporcionado y destructivo sobre la sociedad en sí misma, pero también es, simplemente, nociva para los negocios.
En este escenario se han implementado leyes anticorrupción locales y extranjeras que son de cumplimiento obligatorio para las empresas. Una de las principales legislaciones en esta materia es la ley de Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a compañías estadounidense o a sus subsidiarias hacer pagos o regalos a funcionarios públicos extranjeros con el fin de obtener o mantener negocios; estas prohibiciones se extienden a terceros: proveedores, consultores o agentes. Países como Gran Bretaña, España, Canadá, China, Brasil han emitido ordenamiento jurídico similar con el objetivo de sancionar practicas corruptas en el extranjero.
Ofrecemos asesoramiento técnico enfocado a fortalecer el cumplimiento de las diferentes regulaciones anticorrupción y soborno.
Las personas naturales y jurídicas en el Ecuador, en el ejercicio de sus actividades, dentro del marco regulatorio vigente están sujetas a la revisión de sus actuaciones.
Los organismos de control con base en sus competencias constitucionales y legales desarrollan actividades de verificación regularmente bajo planificación o por imprevistos; siendo pertinente que al momento de interactuar con el órgano estatal contar con el asesoramiento legal necesario tanto en sede administrativa como judicial, con el fin de que no se vulneren derechos, no exista abuso de poder o la imposición de sanciones ilegales.
El tomar medidas preventivas disminuyen los riesgos y protege el patrimonio de los auditados, así también evita futuras sanciones.
La contratación pública se refiere a la compra por parte de los gobiernos, entidades públicas y empresas estatales de bienes, servicios y obras; representa una parte sustancial del dinero de los contribuyentes, por ello se espera que se lleven a cabo de manera eficiente y con altos estándares de conducta a fin de garantizar la calidad de la prestación del servicio para los que se adquiere y salvaguardar el interés público.
Nuestra práctica se enfoca en el asesoramiento técnico a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras domiciliadas en el Ecuador en la revisión de términos de referencia previo a la presentación de sus ofertas en cualquier tipo de procedimiento precontractual a nivel nacional. Asesoramos también a nuestros clientes para que presenten sus intenciones de manera óptima y desarrollen los compromisos contractuales con la Administración Pública respetando los principios regulados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el caso de existir divergencias dentro del ramo, estamos listos a analizar las mejores opciones para reducir sus riesgos.
Diego Torres Borja
Es la rama que se encarga de la regulación de la Administración Pública, por lo tanto, se trata del ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos. Tiene por objeto la organización, medios y formas de la Administración Pública, entendida como el Estado en actividad, así como las consiguientes relaciones entre ella con otros sujetos.
Nuestra práctica está diseñada para resolver asuntos del alto riesgo y complejidad, brindando asesoría jurídica a entidades públicas, personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras sobre sus relaciones con la Administración Pública.
Nuestros servicios incluyen la promoción, impulso, tramitación e impugnación de actos y resoluciones emitidos por parte de la Administración Pública en los diferentes tipos de procedimientos administrativos, sancionatorios, regulatorios y de contratación pública general o especializada.
Se trata de una rama del Derecho Público que estudia las fuentes, principios y reglas que determinan la organización del Estado; la Constitución es la norma principal y la base sobre la que se desarrolla toda la estructura jurídica y tiene como fin garantizar y proteger el Estado de Derecho.
La práctica y ejercicio del Derecho Constitucional sirve como un mecanismo óptimo para buscar la correcta aplicación de los preceptos constitucionales, establecer límites a los poderes del Estado y hacer cumplir los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Nuestros servicios abarcan la promoción y tramitación de acciones de protección, medidas cautelares, habeas data, habeas corpus, acciones extraordinarias de protección y acciones de inconstitucionalidad.
Las personas naturales como jurídicas por sus actos y omisiones pueden ser sancionadas en vía administrativa, civil o penalmente por parte de los órganos estatales de control al haberse cometido omisiones o actos contrarios a derecho. No obstante, en ocasiones se inician acciones de manera discrecional y se imponen sanciones arbitrarias, lo que produce vulneraciones al debido proceso, la seguridad jurídica y al principio de inocencia.
Para evitar esto, es necesario contar con asesoramiento especializado para que los derechos de los administrados no sean vulnerados por el abuso de poder, así brindamos asesoría a personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en sede administrativa, judicial y constitucional.
En el contexto global la homogenización de servicios y productos debe cumplir estándares de calidad y excelencia para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos.
El desarrollo de las actividades y relacionamiento con la Administración Pública denota una serie de variables que muchas veces son impredecibles, sobre todo porque de por medio existen relaciones interpersonales complejas. Por esta razón y conociendo la dinámica del país en sus diferentes jurisdicciones estamos prestos a servir al ciudadano, como a las empresas nacionales y extranjeras en el asesoramiento especializado sobre las regulaciones específicas dentro del ramo para que los principios descritos en la Constitución y normas conexas se cumplan a cabalidad y no se vulneren Derechos Humanos, sobre todo en el sector de electricidad.
Además, nos encontramos listos para asesorar en temas vinculados a contratación administrativa y especial, como en temas posteriores al cierre de proyectos en donde por el principio de transparencia será necesario que se audite lo ejecutado, convirtiéndonos en actores estratégicos para precautelar los intereses de los clientes.
Es una especialidad del derecho público integrada por un conjunto de normas de diferentes fuentes y naturaleza que regulan la organización, competencias y funciones del Parlamento, así como las relaciones parlamentarias creadas a su amparo.
Su finalidad es que a través del cumplimento de sus normas se obtenga el resultado que se busca, esto es la elaboración de buenas leyes y la toma de correctas decisiones colegiadas que sirvan para facilitar la convivencia de todos los miembros de la sociedad.
Nuestros servicios están enfocados al asesoramiento parlamentario, técnica legislativa que permita legislar clara y eficazmente, dándole unidad y coherencia al ordenamiento jurídico; investigación y elaboración de proyectos de ley.
El Derecho Penal Económico es un área interdisciplinaria de gran actualidad, es una rama específica del Derecho Penal muy amplia que engloba todo tipo de conductas delictivas que puede incurrir persona jurídica desde delitos socioeconómicos, societarios, aduaneros, fiscales, bursátiles, blanqueo de capitales, corrupción pública y privada, fraudes de medios de pago, cohecho, entre otros.
La función del Derecho Penal Económico es la de proteger a la sociedad de conductas que ponen en peligro al orden económico entendido como la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Nuestros servicios permiten a nuestros clientes contar con una asesoría especializada para identificar los riesgos penales, patrocinio, defensa y acusación particular en asuntos relacionados con Derecho Penal Económico, en todas y cada una de las fases del proceso penal ante los juzgados y tribunales.
Comprende el análisis de legalidad de las normas, la preparación de informes, la verificación de su cumplimiento, como la defensa de los derechos de personas naturales y jurídicas frente a la Administración del Estado.
Nuestros servicios permiten a los clientes cumplir con sus objetivos en las diferentes industrias y sectores estratégicos, permitiéndoles acatar a cabalidad los requerimientos establecidos en cada área.
Una correcta asesoría legal previene conflictos, mitiga riesgos, permite generar oportunidades de negocios y alcanzar los objetivos establecidos por cada cliente en lo público y privado.
Para buscar soluciones a futuros negocios o temas complejos que requieran de solemnidades y extrema confianza, estamos prestos a analizar su caso y verificar si la figura del fideicomiso se ajusta a sus necesidades para potenciar sus intereses personales o comerciales.
Nuestra práctica de seguros, garantiza la suscripción de sus contratos, asegurando que las cláusulas generales y específicas se encuentren a la medida de sus expectativas, sobre todo lo concerniente con la Administración Pública, consiguiendo que no existan pretensiones abusivas.
Representamos a nuestros clientes en sede administrativa ante los órganos competentes para presentar reclamos y auditorías, además en sede jurisdiccional.
Diego Torres Borja
Un litigio es una disputa o enfrentamiento judicial que da lugar a un juicio; se denominan puntos litigiosos todos aquellos aspectos sobre los que existe controversia entre las partes y respecto de los cuales debe resolver el tribunal. Cuando dos partes enfrentadas no han podido llegar a un acuerdo sobre un asunto concreto, llegan a un litigio buscando una resolución judicial, siendo un juez quien solucione el conflicto mediante sentencia. Sin embargo, antes de tomar la decisión de iniciar un litigio es recomendable reflexionar sobre la viabilidad de un acuerdo previo, ya que el resultado puede acarrear consecuencias para las partes.
Patrocinamos todo tipo de procesos en sede judicial y arbitraje; nuestra práctica abarca las áreas: civil, contencioso administrativo, constitucional, penal económico y contratación pública.
La legislación ecuatoriana establece a la Mediación y el Arbitraje como mecanismos alternos de resolución de conflictos, los que dependen de la voluntad de las partes y no requieren de procedimientos judiciales tradicionales.
Tanto el procedimiento arbitral como la mediación entrañan muchas ventajas y beneficios, entre ellos: permite solucionar en menor tiempo que el que requiere un proceso judicial, minimiza el costo de un proceso judicial, permite a las partes intervenir en la solución del conflicto, contribuye a preservar la relación entre las partes, son flexibles y existe confidencialidad.
Por ello son una alternativa idónea, segura y rápida para obtener una solución definitiva de cuestiones litigiosas de manera pacífica y efectiva.
Diego Torres Borja
Los Servicios Públicos Domiciliarios constituyen una categoría especial; son aquellos que se prestan en forma universal, continua, eficiente, obligatoria, en igualdad de condiciones y calidad a todos los usuarios, por medio de redes físicas o humanas en su sitio de habitación o trabajo, con un régimen jurídico especial de derecho público, con la participación directa de la Administración Pública en su prestación, regulación y control.
Son bienes insustituibles y su prestación es una actividad económica, que debe buscar la satisfacción de necesidades esenciales de la población, en beneficio del mejoramiento de su calidad de vida y de la materialización de sus derechos sociales fundamentales. (Corte Constitucional de Colombia 1991).
La finalidad del Estado es alcanzar el bienestar de todos los ciudadanos que lo componen; la falta de una prestación eficiente y eficaz de servicios públicos atentaría contra ello ya que constituye una violación de Derechos Humanos de los individuos y comunidades.
Nuestros servicios están enfocados al cumplimiento de su régimen legal, asesoramiento y patrocinio en todos los procedimientos.
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